En efecto, el Juez ni el Fiscal son máquinas de subsunción procesal, y que se aplica el aforisma del dura lex sed lex. Su doctrina es de origen europeo, fue elaborado inicialmente por el . ISBN: 978-84-946636-2-8.Y también del libro, NEW - Instituto Vasco de Derecho Procesal, Publicaciones / Revisión por Pares Académicos. Sin embargo, en respeto del principio de legalidad el primer paso metodológico siempre será la subsunción y como segundo paso metodológico, la proporcionalidad; así ambos métodos se erigen en filtros de control y de contención punitiva. Luego, existe de entrada una certidumbre y, además, objetiva; a saber: que con el “debido proceso” se puede objetivar -sí o sí- si se ha tramitado el proceso -y ha actuado el juez constitucional- con respeto escrupuloso y pleno de las garantías constitucionales y procesales. Ello no significa que el Proceso Inmediato por flagrancia, en todos los casos, sea inconstitucional, pues de acuerdo al caso concreto, tiene capacidad de rendimiento para determinados casos que sean de configuración simple y elemental. Es un juicio que se promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver los conflictos que surjan entre poderes federales, poderes de los estados, órganos de gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), o entre los órdenes de gobierno federal, estatal, municipal o de la Ciudad de . VIII. [Queja 1127-2021, Ica]. El bloque de constitucionalidad es una expresión jurídica que la teoría constitu-cional francesa comenzó a utilizar en el último tercio del siglo XX y después fue Uno de los aspectos de la contradicción ya está definido en la exposición de motivos del Decreto Legislativo 1194. Se le denomina Bloque de Constitucionalidad a los tratados y convenios internacionales que son utilizados como parámetro de control constitucional de las leyes, así no estén consagradas formalmente en la constitución documental. Es más, el propio Mandatario reconoció el sábado 7 de enero que hubo "desprolijidades" en el proceso y, por lo mismo, se aceptaban las renuncias de la ministra de Justicia, Marcela Ríos . 1. Y de seguido se va a hacer uso de una afirmación que en el momento presente ya no debería suscitar ninguna sorpresa alusiva al “compromiso constitucional” de la norma procesal, en función del cual los códigos procesales se presentan como auténticas leyes reguladoras de la garantía de “Justicia” (y/o “Verdad”) ungida en el artículo 1.1. de la Constitución como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico y garantía, entendida como “fin” pero no, como se ha indicado, como un mero “medio” (TARUFFO) para alcanzar la “Justicia” (y/o “Verdad”). Los Derechos Fundamentales, bien como derechos subjetivos, o como principios, o garantías, no son absolutos sino relativos. Los Juzgados y Tribunales, cuando actúan “en garantía de cualquier derecho” (artículo 2 de la ley orgánica del Poder Judicial), asumen un modelo de litigación de indudable “vocación garantista” como el que surge del artículo 24.2. de la Constitución y con el que se garantizaría que, para hacer frente a la patología jurídica, “todos tienen derecho (…) a un proceso público (…) con todas las garantías” -constitucionales y procesales. Características del Control. Sitemap de Categorías Corresponde aplicar el test de proporcionalidad con el par contrario: celeridad procesal/juez imparcial. Sobre el bloque de constitucionalidad y bloque de convencionalidad en el derecho comparado, véase aquí. IV. Concepto de Constitucionalidad que proporciona el Diccionario Jurídico Mexicano (1994), de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: (escrito por Aurora Arnáiz Amigo) Para comprender los términos constitucionalidad y su contrario la anticonstitucionalidad habrá que partir del conocimiento del primado de la Norma Suprema sobre las demás leyes que de ella se derivan. V. competencia judicial; art. Controversia constitucional. El Derecho Constitucional es básicamente una rama del Derecho Público Interno «que estudia la organización del Estado, determina su gobierno, crea los poderes que lo componen, fija las relaciones de los mismos entre sí, y establece las reglas fundamentales de las relaciones entre el Estado y los individuos». En síntesis, el debido proceso, más allá de consagrar los derechos de los litigantes y el poder-deber del juez en la forma en que el constituyente ha establecido para eliminar la fuerza en la solución de los conflictos, genera un medio idóneo para que cada cual pueda obtener la solución de sus conflictos a través de su desenvolvimiento . La única forma de salvar la constitucionalidad del Proceso Inmediato, es interpretar los tres dispositivos que regulan el Proceso Inmediato “de conformidad” con la Convención Americana de Derecho Humanos y la Constitución aplicando los principios como contenidos moduladores de los alcances de las reglas. Muchos hombres no se equivocan jamás Es la suma, al considerar la estructura y nexos que median entre los actos, sujetos que llevan a cabo tales actos, el fin de los principios, las condiciones de quienes los . El Congreso de la República publicó en el Diario de Centro América las reformas al . En efecto, es claro que ninguna norma de rango inferior puede contradecir las normas constitucionales, según lo establecen la lógica jurídica y el artículo 4º de la Constitución de 1991. VIII del Título Preliminar del CPP[5]; iv) la inobservancia de estos principios acarrea la nulidad Art 150, b)[6]  del CPP, v) la mención expresa a la aplicación del principio de proporcionalidad en el art 253 del CPP[7]; vi) la interpretación conforme prevista en la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Constitución que vincula la interpretación “conforme” a los Tratados Internacionales[8] se considere los tratados internacionales y al estándares desarrollados por la Corte Interamericana. Distintos son los instrumentos de defensa. . La única forma de salvar la constitucionalidad del Proceso Inmediato, es interpretar los tres dispositivos que regulan el Proceso Inmediato "de conformidad" con la Convención Americana de Derecho Humanos y la Constitución aplicando los principios como contenidos moduladores de los alcances de las reglas. En principio, es conveniente aclarar que la Constitución Argentina es de tipo positivo.. El mecanismo de control de constitucionalidad no está explícitamente previsto en la Constitución, pero se deriva implícitamente de los artículos 31 y 75.22 de la misma (pues este último otorga, a algunos instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, jerarquía idéntica a la de la Constitución). No se hace responsable constitucionalmente de ese “diseño” final. Es destacable que el cuerpo principal de la legislación vigente en la materia se puede rastrear del libro IV del Código Judicial de 1987, a la Ley 46 de 24 de noviembre de 1956 sobre Instituciones de Garantía, hasta la ley que desarrolló la materia tan pronto apareció el control de constitucionalidad concentrado y la VII. De aquí la importancia de un órgano específico, competente para resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad lo que supone el señalamiento del primado de la Constitución sobre las leyes ordinarias decretos, sentencias y decisiones de la autoridad. Empero, no en la exposición de motivos, ni menos en los argumentos de los defensores del Proceso Inmediato explicitan de qué manera el principio de la Seguridad Ciudadana entra en contradicción con los principios procesales. El anterior MANIFIESTO forma parte del libro LA RESPONSABILIDAD CONSTITUCIONAL DE LA NORMA PROCESAL. Reglas y principios, 3. Serán Utilizadas como fundamento de interpretación”. San Sebastián 2014. Pero además, el jurista, intérprete o ejecutor del derecho puede captar la idealidad que anima el denominado espíritu de una Constitución. Ir en busca de la “Justicia” o reflexionar en torno a la “Verdad”, es uno de los cometidos que mejor pueden definir, en el momento presente, la responsabilidad constitucional de la norma procesal y del proceso. [11] Como pretende el positivismo metodológico. A mayor concreción, mayor corrección en la aplicación del test de proporcionalidad. De la Constitución se derivan la legalidad (constitucionalidad) o ilegalidad (inconstitucionalidad) de las leyes ordinarias. El principio de celeridad tiene su par contrario en el principio del Plazo necesario o razonable (celeridad/plazo razonable) que en un caso concreto entran en unidad y contradicción. El texto constitucional peruano reconoce en su artículo 138 la segunda forma de control constitucional, donde se señala que: "En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. El objeto del proceso de inconstitucionalidad, no es otro que la pretensión procesal, consistente en la petición que se hace al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre una norma legal, de la cual se plantea una duda respecto de su constitucionalidad. La realización de la Seguridad Ciudadana corresponde a políticas macro de prevención delictiva –estructurales o coyunturales-; y no a micro políticas de trámite acelerado de un proceso diminuto como el inmediato de los –pocos- casos judicializados. Zoom: Clase en vivo sobre nulidad manifiesta y proceso de desalojo…. Por tanto, la “Justicia” y/o “Verdad” de la que se hace responsable constitucionalmente la norma procesal es la que se puede objetivar -sí o sí- si se ha tramitado con respeto escrupuloso y pleno de las garantías constitucionales y procesales. La sentencia del proceso de inconstitucionalidad tiene efectos generales (para todas las personas particulares, así como funcionarios . Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada "El Tribunal Constitucional español para lectores anglosajones", Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, núms. Y en ese contexto, no difiere el respectivo cometido que, a su vez, se ha atribuido a la “Justicia”. Complementa este artículo el 124 al declarar que las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados. Sumario: 1. Para comprenderlo mejor, acudamos al arbitraje. El anterior MANIFIESTO forma parte del libro, editado por el Instituto Vasco de Derecho Procesal. La doctrina de la supremacía exige, para su eficacia, la existencia de un sistema garantista que apunte a la defensa de la constitución y al control amplio de constitucionalidad. Representación procesal legal. Concretamente en sus artículos 39 y 41 (soberanía del pueblo); 50 (poder legislativo de la unión); 73 (de las facultades del Congreso); 80 (el poder ejecutivo depositado en una sola persona); 94 (de los tribunales judiciales); 103 (de las facultades al poder judicial de la federación en los casos de controversia); 104 (de las atribuciones de los tribunales de la federación); 133 (de la Constitución y tratados reconocidos como ley suprema de la federación), y 136 (de las reformas a la Constitución). Con la vigencia progresiva del sistema democrático a escala mundial no sólo se han internacionalizado principios y doctrinas en el orden político, económico y social, sino que cada vez más la comunidad internacional reclama la igualdad de derechos y la tutela efectiva de los derechos fundamentales e individuales consagrados en la Constitución, los tratados internacionales y las leyes. Si la Constitución es emanación del pueblo, el primer y principal derecho de los ciudadanos es el . “Justicia” y/o “Verdad” o “Verdad” y/o “Justicia” se asemejan a una pareja de danzantes que compartirían un mismo telón de fondo, previo a su respectiva escenificación en el proceso mediante la norma procesal; a saber: su “ambigüedad y falta de concreción” (PICÓ i JUNOY). En los lugares distintos del en que se publique el Periódico Oficial, para que las leyes, reglamentos, etc., se reputen publicados y sean obligatorios, se necesita que además del plazo que fija el párrafo anterior, transcurra un día más por cada cuarenta kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad. Miguel Lanz Duret afirma que el principio fundamental sobre el que descansa nuestro régimen constitucional es la Constitución, por cuanto «sólo la Constitución es suprema en la República. p. 57. [2] Positivismo incluyente conseguir rubros, dividendos, tributos para cumplir con la actividad del Estado, que es la prestación de servicios públicos; sin embargo, es conveniente indicar las . El cuestionamiento de inconstitucionalidad es al Proceso Inmediato por flagrancia, porque anula el tiempo necesario para materializar una defensa. La aplicación correcta del método de la proporcionalidad para resolver una contradicción entre principios, exige: i) conocer los dos aspectos en contradicción, ii) determinar el aspecto principal y el aspecto secundario de la contradicción; y iii) conocer la configuración de la contradicción entre los dos aspectos (principios). Su actuar externa no pasa desapercibida, su trabajo administrativo que es realizado en la praxis del derecho. Precisamente el método del test de proporcionalidad sirve para resolver los conflictos entre  principios, y tiene por objeto la optimización de todos los principios, procurando en un caso concreto que la eventual afectación de uno de los principio sea lo menos lesiva posible. Para poder dar cumplimiento a las atribuciones conferidas . Entrevista con…, Guido Croxatto: Todos los líderes que toman decisiones anti mercado son…. ¿Qué está en juego en la […] Según la jurisprudencia «la autoridad administrativa no puede examinar la constitucionalidad de una ley» (Jorge Carpizo y Jorge Madrazo). Para abordar el cuestionamiento de inconstitucionalidad del Proceso Inmediato por flagrancia corresponde determinar si el planteamiento del problema configura una contradicción real o aparente. Colombia acoge los dos sistemas de control constitucional jurisdiccional anteriormente mencionados. Pero, no más. soberanía, debe haber realizado por medio de sus. En este orden de ideas, el proceso de inconstitucionalidad es el mecanismo establecido por nuestro ordenamiento para emplear el control concentrado. En síntesis, la primacía de la Carta Magna es el principio . X del Título Preliminar del Código Procesal Penal. procesal, de cinco principios centrales en la conformación. El derecho a un “proceso justo y equitativo” tiene plena acogida en el texto constitucional español. Para que sea procedente, la Constitución estipula que deberá haber una participación de, por lo menos, el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores, esto es unos 37 . La constitucionalización del proceso penal y su importancia, como puede verse de todo lo anterior, los principios fundamentales alrededor de los cuales se estructura la legislación penal, produce una vertiginosa constitucionalización del proceso sancionador. Así, dado que el Proceso Inmediato por flagrancia, por su propio diseño normativo entra en contradicción con garantías y derechos fundamentales, es necesario restringir su aplicación a casos fáciles, conforme a los principios constitucionales y los estándares convencionales. Pero esa legalidad no es hueca, aséptica o neutral[11], sino que está cargada de principios conforme a la Constitución. 252 del CPP); principios del juicio oral: oralidad, la publicidad, la inmediación y la contradicción de la actuación probatoria, art. El proceso va mucho más allá de los actos de procedimiento. No se hace responsable de ese “diseño” final. De lo antes expuesto se concluye que, uno de los presupuestos para la procedencia del control difuso de la constitucionalidad, es la existencia de un proceso en el cual la inconstitucionalidad de la norma no sea el objeto principal del mismo, como carácter propio del control posterior en abstracto regulado en el artículo 25.12 de la Ley . Así que para paliar el vértigo que inevitablemente provoca la mención a tan ya ajado asunto, sería interesante abordarlo a través de un atractivo argumento justificado en las relaciones entre “proceso”, Esa dimensión de la responsabilidad constitucional de la norma procesal -sin duda, la más crucial y trascendente para su correcta comprensión-, ha sido históricamente confiada al logro de la “Verdad”. Este contexto corresponde a datos de la realidad. Prevalencia de las Normas de éste Título. Pero el principio de celeridad procesal (como garantía) si esta interconectado o interpenetrado con otras garantías procesales; por tanto, si es susceptible de formar un aspecto de un contradictorio con otro principio procesal; en efecto, conforme a su naturaleza procesal, existe entre ellos i) no-identidad, pero también ii) identidad, porque están interconectados; así por ejemplo, la celeridad procesal solo puede comprenderse  y unidad y contradicción con el plazo necesario. Pero, en tanto este vigente la norma y se presuma su constitucionalidad, se debe ser riguroso en exigir que el  objeto del Proceso Inmediato pro flagrancia sean solo casos fáciles y de mínima magnitud[15], para evitar que en supuestos de casos complejos, el Juez de juzgamiento llegue prejuiciado contra reo por haber realizado de manera previa el control de acusación, condicionando la fase de juzgamiento a esa perspectiva y se imponga una pena gravosa. Los niveles exigibles de concreción de la realidad dependerán del alcance de la decisión –legislativa o judicial-  como norma general o individual; así: i) una norma legislativa de alcance general, corresponde siempre a un delimitado contexto temporal, espacial y material; y ii) una decisión jurisdiccional (norma individual) exige una delimitación particular de un hecho concreto e individualización de un sujeto(s) individualizado(s), sobre quién recaerá las consecuencias jurídicas de la decisión judicial. En general, este tipo de acciones se presentan ante un tribunal de cierre, que analiza materialmente la norma ─contenido─, y determina si . Pretender resolver contradicciones aparentes de principios en tensión, degenera en formulaciones argumentativas huecas, sin un punto de referencia concreto como eje material del debate. Existen también maneras preventivas para adelantarse a posibles y decisivos controles sobre la constitucionalidad y la inconstitucionalidad de una ley, muy especialmente en aquellos países que disponen del referendum, antes de que surja el posible conflicto, ya se trate de fijar posición sobre un acto político o una norma jurídica. mayo 28, 2010. En efecto, los estándares . El principio de legalidad en general, y el principio de legalidad procesal en particular, se erige en una garantía pública de contención al poder punitivo; los dispositivos normativos no son el fundamento del Proceso Inmediato sino un límite legal que opera como garantía procesal, para contener las pulsiones punitivas y, por tanto, debe interpretarse restrictivamente. IX. En un primer momento el legislador realizó una ponderación entre la persecución punitiva eficaz y los derechos de los imputados; y el resultado de esa actividad ponderativa es el Decreto Legislativo 1194; pero, en un segundo momento, en el marco del citado Decreto Legislativo el Juez tendrá que realizar una interpretación sistemática con los principios que recoge el Título Preliminar del CPP, conforme a la Constitución y Convención, para finalmente ponderar concretamente –dentro de los marcos legales– y dar razones, por ejemplo de porque  no en todos los supuestos de flagrancia procede la incoación del proceso inmediato, así como otros supuesto de conflicto que se presente con la aplicación del Proceso Inmediato. Las acciones de inconstitucionalidad, son . Proceso inmediato. 253.3.- “La restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización legal, y se impondrá con respeto al principio de proporcionalidad y siempre que, en la medida y exigencia necesaria, existan suficientes elementos de convicción”. Como por ejemplo el poder judicial en los Estados Unidos, o por el propio poder legislativo, o una combinación de ambos poderes en el que uno de ellos tiene que decidir en última instancia; el veto que la Constitución mexicana reconoce en favor del jefe del ejecutivo en el artículo 72, incisos c), d) y e) expresa un control, puesto que faculta al presidente de la República para no sancionar un proyecto de ley, en su caso. [3] Art. En efecto, el valor constitucional de la seguridad ciudadana no configura un par contrario con las garantías procesales; corresponden a “esencias” distintas, pues estos dos aspectos no están interconectados, o interpenetrados y, por tanto, no se condicionan recíprocamente. La inseguridad ciudadana, como percepción o como realidad, es un dato actual insoslayable; y constituye una política de Estado otorgar seguridad a sus ciudadanos. Examen JNJ: Once preguntas sobre delitos contra el patrimonio. [6] Art. También Popular en leyes y doctrina española, Mapa del Sitio Principal La celeridad extrema del Proceso Inmediato pro flagrancia que transita por el tobogán de las 24, 48 y 72 horas, afecta la garantía del Juez Imparcial[14], pues el Juez de Juzgamiento es el mismo que realiza el control de acusación; Por tanto, el Juez de Juzgamiento, ya estaría contaminado pues para la determinación de la causa probable tuvo que evaluar los elementos de convicción suficientes, y con ello el Juez asumió una perspectiva contra reo del caso. A que se refiere: Es importante recalcar que, la Corte de Constitucionalidad ha establecido, en la sentencia de fecha 17 de julio de 2012, en el expediente número 1822-2011, que "El bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas y principios que aunque no forman parte del texto formal de la Constitución, han sido integrados por . Es un absurdo pretender atacar radicalmente la sintomatología delictiva –enervando las garantías procesales – sin atender a sus causas estructurales. El control de constitucionalidad de la ley, lo resuelve la Constitución francesa vigente mediante el Consejo Constitucional (artículos 34, 37, 41, 59, 61) fundamentalmente antes que las leyes sean promulgadas. 356 del CPP, etc. No, en cambio, no siempre se puede objetivar la “Justicia” y/o “Verdad”. Una interpretación conforme a la Constitución, pero dentro de la capacidad de rendimiento de los términos del dispositivo normativo. En síntesis, se pretende i) la optimización del principio material de la seguridad ciudadana, y ii) la optimización del principio procesal de celeridad. Esta contradicción celeridad/defensa tiene que ser resuelta siempre atendiendo de manera objetiva al caso concreto. Puede resultar que el apego a la Constitución implique, en su caso concreto, el señalamiento de algo caduco. [7] Art. Definir la constitucionalidad del Proceso Inmediato exige diferenciar: i) el Proceso Inmediato regular[13], del ii) del Proceso Inmediato por flagrancia delictiva. Se ha dicho que “sería, por lo menos, paradójico que en un sistema democrático, inspirado en el valor de la verdad, la administración de justicia no se inspirara, sin embargo, en ese valor o, más aún, se fundara sistemáticamente en el error, en la mentira y en la distorsión de la verdad” (TARUFFO). Proviene, los Juzgados y Tribunales -el juez constitucional- permiten interactuar con el resto de actores de la litigación un, proceso justo y equitativo que, proveniente de un ámbito cultural como es el del. El problema estaría solucionado con un diseño normativo que duplique los plazos que regulan el actual Proceso Inmediato por flagrancia y que atribuya al Juez de Investigación Preparatoria (JIP) el control de acusación y su saneamiento, y que otro sea el Juez de Juzgamiento, para configurar la garantía del Juez Imparcial. Máxime si se trata de constituciones rígidas, en sus diversas modalidades, cuyo apego debe evitar la contraditio de un pretendido poder constituyente permanente, en principio rechazable, y cuyo abuso puede transformarlo en flotador de reformas circunstanciales, de proyección derogable. No son aspectos de una contradicción, pues las condiciones en que se presentan son esencialmente distintas. En tal sentido, se ha dicho que “. La acción de inconstitucionalidad, o recurso de inconstitucionalidad, es un mecanismo de revisión constitucional, que impugna el contenido de una norma, para que se excluya del ordenamiento jurídico. El abogado constitucionalista Arturo Fermandois dice sobre los indultados que "existe una limitación consistente en los derechos adquiridos del beneficiario del acto administrativo, en este caso los indultados, siempre que estén de buena fe. 32 y 82.1 LOTC), de legitimación para promover procesos constitucionales no en atención a su interés, sino en . Adicionalmente, hay que subrayar que la posibilidad de ejercer un control de convencionalidad por parte de las autoridades estatales debe estar prevista en una norma de habilitación. II presunción de Inocencia; art. Sitemap de Entradas 1 Es el medio de control constitucional a través del cual los legisladores, Senadores y Diputados Federales o Locales o que se conformen en una minoría parlamentaria que represente al menos al 33% del total de quienes integran cada órgano, impugnen la constitucionalidad de una Ley que hayan expedido. El TC se ha pronunciado sobre el fundamento de la legitimación activa en el recurso de inconstitucionalidad, al predicar de los sujetos legitimados que están investidos por la CE y por la Ley (arts. Se debe diferenciar: i) una contradicción real, de ii) contradicciones aparentes; pues muchas veces, de manera interesada, se postula contradicciones imaginarias o aparentes con dos aspectos de, manifiesta incompatibilidad, forzadamente contrapuestos, que degenera en un contradictorio aparente; así por ejemplo es compatible la contradicción: suma-resta; pero, no es compatible la contradicción: suma-árbol. Son políticas de dimensión material cuantitativa diferentes. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui. Más información{{/message}}. III del T.P. ejecutivo o del judicial o que provengan de particulares." Los 28. 16, 17, 18/2017, In memoriam profesor Nicolás María López Calera, págs. Lo Más Destacado en Derecho Comparado e Internacional Pero, no más. Antagonizar dos aspectos de distinta naturaleza imposibilita configurar una verdadera contradicción en unidad; se trata solo de un sofisma[12] o paralogismo, que pretende convencer con un argumento falso con apariencia de verdadero. La existencia general de reglas, obliga en primer lugar a aplicar el método de la subsunción, solo luego se aplica –de ser necesario- el método de la ponderación; en efecto, en el primer supuesto, se trata de supuestos frecuentes de “casos fáciles”; el segundo de los supuestos, puede configurar un “caso difícil” o un “caso trágico”. Ese contradictorio aparente es irresoluble, precisamente porque son dos aspectos incompatibles de imposible configuración en unidad y contradicción. En algunos países, entre ellos el Perú, esta es competencia del Tribunal Constitucional; en otros, el control concentrado es asumido por el Poder Judicial. De la exposición de motivos se presenta dos principios que pretenden ser optimizados con el diseño normativo del presuroso Proceso Inmediato: i) una respuesta punitiva “rápida y eficiente para delitos contra el patrimonio bastante recurrentes y que son generadores de la percepción de inseguridad ciudadana”; y, ii) “la simplificación del procedimiento penal, haciéndolo más rápido y eficiente para reducir el tiempo en que se brinda una respuesta penal, combatir la morosidad procesal y descongestionar el número de casos en espera de juicio”. Deberán recurriese a las leyes orgánicas para su adaptación a las nuevas necesidades sociales. De aquí el acierto de la concisión y generalidad de los preceptos constitucionales propiciadores de la estabilidad y fuerza constitucional. tipo de proceso que se siga ante la justicia ordinaria, resolviéndose la antinomia en una sentencia estimatoria, desestimatoria o atípica (sentencia interpretativa, manipulativa, aditiva, sustractiva, sustitutiva, exhortativa). Más información{{/message}}, {{#message}}{{{message}}}{{/message}}{{^message}}Parece que tu envío funcionó correctamente. constitucional, es decir que el pueblo, en ejercicio de su. Ahora bien, la forma en cómo se expresan estos dos sistemas se hace a través de un control abstracto y un control concreto. 406, 407 y 408 del CPP; la lectura reglamentaria de estos dispositivos, determina que los operadores intérpretes limiten su atención sólo a su alcance literal, que los lleva a despropósitos como: i) incoar el Proceso Inmediato por una situación de flagrancia sin considerar la configuración de una causa probable; ii) terminar anticipadamente un Proceso Inmediato aun no iniciado; iii) dictar prisión preventiva fuera de un Proceso Inmediato, etc. En ese orden, enervar o anular garantías con un apresurado Proceso Inmediato no tiene incidencia en la causa de la delincuencia de cualquier envergadura. ¿Puedes resolverlas? Revista Jurídicas, 13 (1), 100-115, enero-junio 2016 109 Renato Vargas-Lozano y Carolina Upegui-Villegas Si bien hay varias decisiones de constitucionalidad referidas al tema desde el 2002, el antecedente más reciente y pertinente es de 2014; cuando, al describir la manera en que puede ejercerse el derecho al hábeas data en su modalidad de . INTRODUCCION. 2 del CPP); principio de proporcionalidad (art. Si bien en el principio de las relaciones humanas fueron el rechazo y la oposición, dos grandes móviles políticos, surgió el precepto constitucional de la unión para dirimir el problema. ISBN: 978-84-943371-8-5. Este tipo de interpretaciones literales y unilaterales corresponden a un sedicente paleopositivismo reglamentario. El punto de referencia material será siempre una imputación concreta de una causa probable que permita verificar si se está afectando seriamente el principio del Juez Imparcial, meramente por una irrazonable aceleración de tiempos procesales sin un objetivo definido. Su misión es garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Aunque el servidor ha respondido correctamente es posible que no se haya procesado el envío. Es en el plano penal donde la “interpretación conforme” es de intensa aplicación;  no es suficiente con la formal subsunción del comportamiento en el supuesto típico, sino que es fundamental la afectación del bien jurídico, que en “casos difíciles” exige necesariamente una ponderación para determinar la afectación significativa del bien jurídico. [8] Cuarta Disposición Fila y Transitoria de la Constitución Política del Estado “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad -conforme- con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”. ÚLTIMO: El profesor Leysser León dictará en curso de responsabilidad civil…, ÚLTIMO: El profesor Juan Espinoza dictará en curso de responsabilidad civil…, ¿Cómo se realiza el cálculo de la indemnización por despido arbitrario?…, Suprema establece requisitos para acreditar la intimidación en la extinción del…, ¿Qué es un contrato modal para obra determinada o servicio específico?…, Jurisprudencia del artículo 57 del TUO del DL 728.- Contrato por…. Buenos días. Pues bien, exactamente lo mismo sucede con la actuación de un juez constitucional. ¿Qué principios-garantía están en contradicción?, 5. Y hay que recordar que el derecho a la buena fe se presume". 1) Al Congreso o a la Comisión Permanente, en caso de que el Congreso no se encuentre en funciones, si se trata de Leyes y Reglamentos del Congreso; 2) Al Poder Ejecutivo, si la norma impugnada es un Decreto Legislativo o Decreto de Urgencia. Lo Más Destacado en leyes y doctrina española del CPP); principio de oportunidad (art. {{#message}}{{{message}}}{{/message}}{{^message}}Tu envío ha fallado. [1] Johann Wolfgang von Goethe (28 de agosto de 1749 – Weimar, 22 de marzo de 1832). ALEXY, R. (2002 [1986]). Este fue el caso, por ejemplo, en América Latina, en países en los cuales coexisten el . La Constitución, como norma suprema, consigna un conjunto de mecanismos destinados a tutelarla, varios de los cuales ya hemos referido en su momento [1], como son por ejemplo la cláusula de salvaguarda en materia de reforma constitucional o el régimen de excepción.Entre ellos tenemos lo que se conoce como control de constitucionalidad, del cual se conocen fundamentalmente dos modelos en el . Éste acto se lleva a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y puede ser propuesto por la cámara de diputados, de senadores o partidos políticos, entre otros. Los dos aspectos de la contradicción deben corresponder a una unidad configurada en contradicción. Lo Más Popular en Derecho Comparado e Internacional Cada cláusula de los principios . Carpizo, Jorge y Madrazo, Jorge, «Derecho constitucional», Introducción al derecho mexicano México, UNAM 1981, tomo I; Centro de Estudios Constitucionales, Constitución española, edición comentada, Madrid, 1979; Lanz Duret, Miguel, Derecho constitucional mexicano, 5ª edición, México, Editorial Norgis, 1959; Quiroga Lavié, Humberto, Derecho constitucional, Buenos Aires, Editorial Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, 1978; Sánchez Agesta, Luis, Principios de teoría política; 5ª edición, Madrid, Editora Nacional, 1976; Sánchez Agesta, Luis, El sistema político en la Constitución española de 1978, Madrid, Editora Nacional, 1980; Valadés, Diego, «La Constitución reformada», Los derechos del pueblo mexicano. Pero estos principios entrarían en contradicción con otros principios procesales (plazo razonable, defensa eficaz, juez imparcial, etc.). Esta conceptuación de los Juzgados y Tribunales que actúan “en garantía de cualquier derecho” (artículo 2 de la ley orgánica del Poder Judicial) no es nueva para el constitucionalismo español. Sitemap de Entradas 3 El Tribunal Constitucional fue concebido por la Constitución como el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. “No será necesaria la solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y podrá ser declarados aun de oficio, los defectos concernientes: d) A la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución”. Ciertamente la morosidad y rutina procedimental, es una tara en la práctica fiscal y judicial; el adormecimiento del trámite procedimental, constituye una amenaza para el éxito de la reforma procesal. Solo -in extrema ratio- sino es posible su interpretación conforme a la Constitución, procede el control difuso, mediante la inaplicación del dispositivo. Dos semanas después de que la presidenta Dina Boluarte asegurara que se iba a reglamentar la ley n.° 31520, la cual modifica la conformación de la Sunedu, las universidades y otras entidades . ), sin embargo, no se ha acopiado información por la brevedad del tiempo de detención (24 horas); en este supuesto, debe prevalecer constitucionalmente el principio derecho de defensa del imputado; de tal manera que es necesario habilitar un plazo de Diligencia Preliminares o de Investigación Preparatoria, conforme a los actos de investigación propuesto por la defensa de acuerdo a su hipótesis de defensa. El servidor respondió con {{status_text}} (código {{status_code}}). Sitemap de Entradas 2 Honduras no escapa a ese proceso, pudiendo decirse que en su ordenamiento constitucional actual, después de la reforma constitucional adoptada mediante Decreto No. Corresponde analizar independientemente cada uno de estos principios en contradicción con otros principios procesales, enfrentados en el caso concreto. Aunque la responsabilidad constitucional de la norma procesal puede proyectarse en el diseño de la “Justicia” y/o “Verdad”. Estos cargan de contenido a las reglas, sin los estándares configurados por estos principios el texto es susceptible de manipulación y se le carga generalmente de contenidos inquisitivos y autoritarios propios del paradigma imperante en nuestro medio, pero con cobertura acusatoria. Máxime, si el punto controvertido, o impugnado, implica un valor jerárquicamente superior, aunque normalmente la axiología jurídica recogida en la norma ha de coincidir con el valor bien común expresado en el precepto ético. 1285-1314. Concedida la aprobación, designa a uno de sus Ministros para que presente la demanda de inconstitucionalidad y lo represente en el proceso. vigencia e interpretación de la Ley Procesal Penal; art. [5] Art. El sistema de control concentrado en estado puro resulta ser insuficiente al orientarse más bien a una función, de carácter selectivo, depuradora del ordenamiento jurídico que a asegurar la aplicación directa de la Constitución. Lo que caracteriza al control de constitucionalidad concentrado, en realidad, es el hecho de que la potestad anulatoria de las leyes inconstitucionales esté atribuida a un solo y único tribunal, que puede bien ser el Tribunal o Corte Suprema del país. "principios fundamentales" contenidos en el Libro I, Título primero del nuevo Código constituyen la. Esta contradicción se resuelve con el análisis concreto de la situación procesal concreta. (J. Rivers, Trans.) Por lo pronto, conviene destacar que el denominado órgano jurisdiccional, conocido por su calificativo de Juzgado y Tribunal, es el que se regula en la ley orgánica del Poder Judicial “en garantía de cualquier derecho” (artículo 2 de la ley orgánica del Poder Judicial). TUO del Código Procesal Civil [actualizado 2022], Nuevo Código Procesal Penal peruano [actualizado 2022], Servir: Comunicado sobre desvinculación de servidores civiles CAS. Los aspectos de la contradicción deben ser adecuadamente precisados y concretados. Por favor, contacta con el desarrollador del procesador de este formulario para mejorar este mensaje. No es “justo” -el “proceso justo arbitral”, se entiende- porque en él se establezca la “Verdad” o la “Justicia” por el árbitro. San Sebastián 2014. La recusación es la facultad que la ley concede a las partes en un proceso para reclamar que un juez se aparte del conocimiento de un determinado asunto, por considerar que pueda parcializarse. Sin embargo, es convincente el poder revisor que se desprende del artículo 135 (Congreso y legislaturas locales). La finalidad de una acción de inconstitucionalidad es dejar sin validez aquel precepto que generó un conflicto con lo que se dicta en la carta magna. 1. El principio de Celeridad también entra en contradicción con el principio derecho de Defensa; puede resultar que como consecuencia de un supuesto de flagrancia la Policía y el Ministerio Público, acopian solo información respecto de la tipicidad del hecho; empero, la defensa estima que existe base material para configurar una oposición o resistencia (causa de justificación o exculpación, etc. Y como lo indicado renglones antes no se halla exento de trascendencia, es por lo que pide, como no puede ser de otra manera, parrafada propia de parte de quienes han dicho que los derechos y garantías previstos en el artículo 24 de la Constitución “no garantizan la corrección jurídica de la actuación o interpretación llevada a cabo por los órganos judiciales, pues no existe un derecho al acierto (entre otras muchas, SSTC 151/2001, de 2 de julio, FJ 5; y 162/2001, de 5 de julio, FJ 4), y tampoco aseguran la satisfacción de la pretensión de ninguna de las partes del proceso (por todas, SSTC 107/1994, de 11 de abril, FJ 2; y 139/2000, de 29 de mayo, FJ 4); argumentaciones que son extrapolables a lo argumentado por los árbitros en los laudos arbitrales” (POLO GARCÍA y VIEIRA MORANTE). No poca culpa de ello cabe atribuir al deseo de entronizar la “Justicia” y/o la “Verdad” con el fin de que, a modo de bálsamo de fierabrás, explique todo lo que gira en torno a los menesteres propios del Derecho en una sociedad que se autoproclama respetuosa con el “Estado de Derecho”. En consecuencia, la responsabilidad constitucional de la norma procesal no se estructura como un subsistema instrumental a merced de la “Justicia” y/o “Verdad” de cualquier “sector normativo” del ordenamiento jurídico en el que “deba” o se proceda a diseñar la “Justicia” y/o “Verdad”. La carencia de estos controles podrán subsanarse o bien por la vía de la jurisprudencia que declare el primado, o por un consensus popular que así lo señale como hábito inveterado. Pero, ante tan crucial “escenificación” de la norma procesal y del proceso, puede servir de punto de partida una perspectiva. El planteamiento de un problema real, es el planteamiento de una contradicción. El principio de proporcionalidad, como método, se aplica para resolver conflictos jus fundamentales. poder llevar a cabo el control de constitucionalidad de una. Martes, 10 de enero de 2023. Es preciso distinguir los términos constitucionalidad, inconstitucionalidad y anticonstitucionalidad. O sea, la responsabilidad de la norma procesal ya lo sea en sede “jurisdiccional” como “arbitral” no asume la responsabilidad constitucional de garantizar ni la corrección jurídica de la interpretación de las normas jurídicas que lleve a cabo ya un juez constitucional ya un árbitro al no existir un “derecho al acierto”, ni tampoco aseguraría la satisfacción de la pretensión de ninguna de las partes planteada ante uno y otro. El trabajo analiza la constitucionalidad del proceso, la cual se refleja en la creciente impregnación de los principios constitucionales del proceso en las reglas procesales.. Tal fenómeno significa que las reglas procesales, las cuales indican cómo hacer las cosas, han sido progresivamente infiltradas por los principios constitucionales del proceso, lo que determina que . Cuando se analizan actos judiciales, el estudio de constitucionalidad se da dentro del mismo proceso en que se originó el acto que se impugna, aunque se trate de diversas instancias. 3. La ley, es un acto de decisión política, corresponde por ello al legislador . Las referencia a los principios es expresa: principio de igualdad procesal (art. permite regular y controlar la norma jurídica por parte de. No. En ese orden, es valioso optimizar el valor celeridad procesal (principio de economía) para una pronta respuesta a los casos judicializados. Conforme al mandato previsto en el art. Aún desde el positivismo legalista se debe aplicar los principios de plazo razonable, derecho de defensa y contradicción, etc., pues aparecen positivados como reglas, en el CPP (principios reglas); de tal manera que aún en clave reglamentaria no existe justificación normativa para realizar una interpretación solo considerando el subconjunto normativo que regula el Proceso Inmediato por flagrancia. Aunque su responsabilidad -de la norma procesal- puede proyectarse en el “diseño” de la “Justicia” y/o “Verdad” que garantizaría una “decisión justa y legítima” y, en consecuencia, de cualquier resolución apropiada y correcta de la controversia entre las partes. Operatividad del Control Concreto de Constitucionalidad. También puede presentarse que la flagrancia configure una causa probable de un caso difícil; entonces corresponde la habilitación de un Proceso Común optimizando un plazo necesario para el saneamiento con el desarrollo de la etapa intermedia y la demostración de la causa en un plenario oral con todas las garantías del juicio. Sitemap de Entradas 4 Lo Más Destacado en la Enciclopedia Jurídica Mexicana Se trata de algo quizá no concreto pero que está ahí, en la captación de los rasgos peculiares e idiosincráticos del pueblo de un Estado, mientras que la anticonstitucionalidad ha de estar referida a un precepto concreto y determinado. Sent. Las normas que integran el presente Título prevalecen sobre cualquier otra disposición de este Código. En efecto, los estándares convencionales y constitucionales dan contenido a los principios procesales previstos en el Título Preliminar del CPP; por tanto, los principios son el plexo valorativo que sirve como marco de interpretación de las reglas procesales. Compartimos con ustedes el Código Penal del Perú (Decreto Legislativo 635), promulgado el 3 de abril de 1991 y publicado el 8 de abril... Fundamento destacado:3. El Fondo Editorial PUCP liberó su colección «Lo esencial del derecho».Ahí destaca el libro Derecho procesal constitucional (2018, PUCP), escrito por el exmagistrado del Tribunal Constitucional, César Landa Arroyo.Compartimos este fragmento del texto que explica, de manera ágil y sencilla, lo esencial que uno debe conocer sobre el proceso de inconstitucionalidad. Nociones previas, 2. COSIDERADO OCTAVO: Que el control difuso de la constitucionalidad fue otorgado a los tribunales del Poder Judicial, los cuales por disposición de la propia normativa constitucional, tienen la facultad de revisar, en el marco de los procesos sometidos a su consideración, la constitucionalidad del ordenamiento jurídico dominicano. Luz Helena Orozco y Villa. Si se plantea el problema de manera adecuada recién se tiene la guía para resolver el problema. Es más, ni siquiera inconstitucionales; es decir, no pueden ser contrarias ni a precepto ni a la voluntad del legislador (pueblo). Pero, ante tan crucial "escenificación" de la norma procesal y del proceso, puede servir de punto de partida una perspectiva negativisita; a saber: la "Justicia" y/o "Verdad" o "Verdad" y/o "Justicia" o "simplemente la verdad" no existen si, a mayor abundamiento, se afirma "que el proceso es el medio, no el fin" (TARUFFO) para alcanzar ya la Justicia" y/o . [VÍDEO] Examen Profa: 20 preguntas (con sus respuestas) sobre ordenamiento jurídico…, Clase en vivo por Zoom sobre los procesos constitucionales en materia…, El principio de tipicidad en el procedimiento administrativo disciplinario, El principio de razonabilidad en el procedimiento administrativo disciplinario, Proponen eliminar el uso de papel bond en el Estado, El principio del debido procedimiento en el procedimiento administrativo disciplinario, Examen PROFA: Ocho preguntas sobre principios generales del derecho administrativo, Código Civil peruano [realmente actualizado 2022], Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas (Ley 31589)…, Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972) [actualizada 2022], Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley 27867) [actualizada 2022], Revisa las convocatorias para selección y nombramiento de jueces y fiscales…, Requieren 10 egresados o bachilleres para el área de derecho penal…, Tribunal Constitucional lanza convocatoria con sueldo de 10 000 soles, Sunedu lanza convocatorias con sueldos de hasta 19 800 soles, Defensoría del Pueblo lanza convocatoria CAS con sueldo de 7000 soles, [VÍDEO] ¿Un perito médico puede determinar si hubo lesiones leves o…, ¿Por qué Aníbal Torres renunció a la Presidencia del Consejo de…, [VÍDEO] La función de distinguir el daño del perjuicio y el…, Elvia Barrios: «El trabajo presencial es del juez, pero el juez…, Prisión preventiva para sujeto a quien se imputa haber violado a su expareja, Imponen 85 jornadas comunitarias a sujeto que agredió a su conviviente reclamándole que ofrecía servicios sexuales, Congresista propone incorporar agravante al delito de secesión (hacer independiente una parte del país), Para la configuración del encubrimiento real, ¿el bien ocultado debe tener relación con el delito que motivó la intervención? Primero se tiene que definir que la celeridad tiene su expresión en otros principios-garantía de economía procesal, concentración, continuidad, preclusión, etc. Así, las leyes ordinarias u orgánicas no pueden, desde el punto de vista formal, ser anticonstitucionales. Detalles Naujoël Última actualización: 30 Marzo 2019 A)La legitimación activa. Por el contario, puede suceder que aun cuando se cumpla cabalmente con la “deuda” contraída por el “debido proceso” con la aplicación de las garantías constitucionales y procesales, no se obtenga “Justicia” y/o “Verdad” alguna -que puede suceder- en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico. la Corte Suprema de Justicia, que es el tribunal competente para resol-ver la cuestión constitucional. El Ordenamiento Jurídico está compuesto por reglas y principios, por lo general, mutuamente co implicados, pues toda regla tiene como núcleo un principio, que pretende materializarse en cada caso concreto. El tribunal puede ejercerlo oficiosamente dentro del proceso que ya inició, aunque las partes no hubieran invocado la irregularidad constitucional de que se trate. A mayor razonamiento las interferencias de este poder en las esferas de los otros dos, se manifiestan en el transcurrir constitucional, véase si no la peligrosa y peculiar facultad del ejecutivo federal mexicano de poder declarar, de acuerdo con la previa propuesta del Senado, la desaparición de poderes en las entidades federadas (que no Estados libres y soberanos) según el artículo 76 fracción O, el continuo, persistente y exclusivo control del ejecutivo de la Unión sobre dichas entidades a pesar de los artículos 115, 116 y 117 de la Constitución. Si la norma procesal no asume la responsabilidad constitucional de garantizar una “decisión justa” ¿qué es lo que garantiza? La constitucionalidad, o la capacidad de aprobar la constitución, es la prueba de las leyes y estatutos para garantizar que no violen la Constitución. Una expresión del positivismo que niega la autonomía normativa de los principios normativos, es aquella que afirma que la ley ya recoge en su contenido los principios; pero, la regla es solo un texto bastante susceptible de atribución de diferentes sentidos y así cada operador interprete le asignaría discrecionalmente cualquier sentido aún contrario a los principios pro libertatis; con ello se generaría inseguridad y no predictibilidad en la adjudicación del derecho. La jurisprudencia individual sólo se permite dentro de unos límites estrechos en el Estado de Derecho, siendo un ejemplo el . En ese orden, subsunción y ponderación son parte de una unidad metodológica para la aplicación del Derecho. [13] Requiere de la Formalización de la Investigación Preparatoria, y que antes del vencimiento de los treinta días se requiera la incoación del Proceso Inmediato. Es ontológicamente imposible atribuir esa responsabilidad constitucional a la norma procesal. efectos y suspensión del proceso principal; el capítulo sexto menciona la apelación, la interposición de la alzada y su consecuencia; en el capítulo séptimo se analizan las sentencias emitidas por la Corte de Constitucionalidad en materia procesal civil y se hace un análisis de Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. [10] Se señala que los principios a diferencia de las reglas, tienen un carácter derrotable, no definitivo, y que tratan de razones que pueden ser desplazadas por otras razones. Sitemap de Etiquetas, Paseo de la Reforma 350, Col. Juárez, Mexico City, 6600, Mexico, Definición y Carácteres de Constitucionalidad en Derecho Mexicano, Significado Histórico de Constitucionalidad, Bloque de constitucionalidad y bloque de convencionalidad, Constitucionalidad en la Enciclopedia Jurídica Omeba, © 2023 Mexico | Enciclopedia Jurídica Online, Organización de los Entes Públicos y Administrativos, Contratos de las Administraciones Públicas, Instrumentos Internacionales Bilaterales en México, Instrumentos Internacionales Multilaterales en México, Protección Procesal de los Derechos Humanos, Conceptos Generales del Derecho Penal en México, Guía de Derecho de la Inversión Extranjera, Guía de Derecho Internacional Humanitario y Conflictos Armados, Guía del Derecho Mercantil Internacional y su Entorno, Guía de Entidades y Actividad Aseguradora, Guía Jurídica y Económica de la Organización Mundial del Comercio, Guía Jurídica y Política de la Organización Mundial del Comercio, Guía de Teoría y Práctica del Derecho de las Naciones, Guía de Seguridad Nacional y Principios de la Gestión de Riesgos, Guía de los Marcos de Derecho Internacional, Guía del Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano, Guía del Derecho y las Cuestiones Sociales Contemporáneas, Guía del Marco Jurídico de las Entidades No Lucrativas, Guía de Teorías y Práctica de la Regulación, Guía de la Nueva Tecnología Militar en el Derecho Internacional, Guía de Justicia Criminal y Política Pública, Guía de Propiedad Intelectual de las Tecnologías, Guía de Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, Guía de Perspectivas Comparativas sobre Derecho y Justicia, Guía de Convenios y Tratados Internacionales, Guía de Sociología Jurídica y Funcionalismo, Guía de Interpretación de Tratados de Inversión Internacional, Guía de Universalidad de los Derechos Humanos, Guía de la Historia del Derecho en el Continente Americano, Guía de Regulación y Cumplimiento en las Firmas Profesionales, Guía Comparativa de los Sistemas de Justicia Penal y los Tribunales Internacionales, Guía Comparativa de Ejecución de Laudos Arbitrales en materia de Tratados de Inversión, Guía Comparativa de Incentivos a los Empleados, Guía Comparativa de los Sistemas de Justicia Penal, Guía Comparativa de Propiedad Intelectual en Electrónica y Software, Guía Comparativa de Derecho de la Comunicación, Guía Comparativa de Responsabilidad Civil, Guía de los Pueblos Indígenas en el Derecho Internacional y Comparado, Guía ABC de Partidos Políticos y Movimientos Sociales, Guía ABC de Aborto y Justicia Reproductiva, Guía ABC de Derecho Global y Democracia Constitucional, Guía ABC del Voto Femenino y su Participación Política, Guía ABC de Pobreza y Exclusión Social Infantil, Guía ABC de Guerra Comercial y Globalización, Guía ABC del Holocausto y los Derechos Humanos, Guía ABC de Igualdad de Genero y Vida Democrática, Guía ABC del Acoso Intimidatorio y Sexual, Guía ABC de los Juicios de Núremberg y Tokio, Guía ABC de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Mundo, Guía Esencial de Ciencia Forense y Criminalística, Guía Esencial de Características de las Organizaciones, Guía Esencial de Productividad Profesional, Concepto de Constitucionalidad que proporciona el Diccionario Jurídico Mexicano, Diccionario Jurídico de Derecho Constitucional (México, 1997) sobre Constitucionalidad, bloque de constitucionalidad y bloque de convencionalidad en el derecho comparado, véase aquí, Entradas de la Enciclopedia Jurídica Omeba, Enciclopedia Jurídica Omeba (incluido Constitucionalidad), Control de Constitucionalidad Concentrado, Control de Constitucionalidad en Vía Incidental, Criterio de Presunción de Constitucionalidad de la Ley, Constitucionalidad de las Normas Oficiales Mexicanas, Legitimación Activa por el Poder Legislativo, Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Universidades y Escuelas de Derecho y Leyes, Lo Más Destacado en Derecho Comparado e Internacional, Lo Más Popular en Derecho Comparado e Internacional, También Popular en Derecho Comparado e Internacional, Lo Más Destacado en la Enciclopedia Jurídica Mexicana, Lo Más Popular en la Enciclopedia Jurídica Mexicana, También Popular en la Enciclopedia Jurídica Mexicana, Lo Más Destacado en leyes y doctrina española, Lo Más Popular en la leyes y doctrina española, También Popular en leyes y doctrina española, Instrumentos Internacionales Multilaterales, Mujeres en México | 2022 - Derecho y Sociedad Mexicana, Orden – Diccionario Jurídico y Social | Enciclopedia Online, Maquiladora – Mexico | Enciclopedia Jurídica Online.
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